En la región del Biobío, tres serían los recintos clínicos y asistenciales que no podrían invocar la objeción de conciencia para evitar realizar interrupciones de embarazo voluntario.
De acuerdo a lo indicado por diario El Sur, El , reciben convenios de prestaciones obstétricas y ginecológicas con el Estado, por lo que no podrían invocar la medida.
Si bien ninguna de ellas se ha declarado objetora como institución, esto no quita que varios de los profesionales de dichos centros puedan estar a favor o en contra de la medida.
Cabe recordar que este miércoles la Contraloría General de la República dictaminó que el protocolo de Objeción de Conciencia, incluido por el Gobierno en la ley de aborto en tres causales, no se ajustaba a derecho, debido a que es “función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud”.
¿La razón? El documento que presentó el ministro Emilio Santelices permitía que las instituciones privadas pudieran invocar la objeción de conciencia, pese a recibir fondos públicos, algo que el documento de las exautoridades impedía.
Por esto, la Contraloría determinó que los organismo de salud privada que celebran convenios con el Estado, en el marco del Decreto Fuerza Ley 36 de 1980, no pueden invocar la objeción de conciencia, ya que al realizar las prestaciones estarán desarrollando una función pública, consignó Soy Concepción.
Frente a estos hechos, el presidente del Colegio Médico Regional Concepción, Germán Acuña, indicó que era positiva la decisión del ente contralor, pues era difícil entender jurídicamente que las instituciones tuvieran conciencia.
En tanto, desde la Clínica Sanatorio Alemán señalaron que están a la espera de tener certeza del reglamento que deberá nuevamente redactar el Ministerio de Salud tras la resolución de la Contraloría para tomar una postura.