El Ministerio del Interior se querelló por el caso AK-47, en contra de dos imputados que se encuentran en prisión preventiva por los delitos de tenencia de armas y de municiones. Sin embargo, no se invocó la Ley de Seguridad del Estado.
En la querella del Gobierno, señala que los acusados identificados como Matías Ugalde y José Joaquín Valdés, negociaron una compraventa de un arma de fuego de guerra tipo fusil, modelo AK-47 de manufactura rusa y un cargador de 36 municiones por la suma de $1.500.000.
En el documento se expresa que,“los delitos contra la Ley de Control de Armas tienen una especial gravedad, pues, por un lado, atentan contra la seguridad ciudadana, (…) pero, por otro lado, las armas son objetos que suelen usarse para cometer delitos contra intereses individuales de primera importancia, como la vida, la salud individual o la propiedad”.
Además, se señala que “Indudablemente, afecta la seguridad pública, generando en la población, o en un sector importante de ella, el temor de ser víctima de un delito”.
Por su parte, el fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, descartó que el hecho pertenezca a un grupo de ultraderecha para realizar un atentado, se trataría simplemente de delincuencia, como consignó CNN Chile.
Cabe recordar, que existen otros imputados en esta causa, los que tuvieron diferentes medidas cautelares mientras dure la investigación: Eugenio Gutiérrez Manzy (arresto domiciliario), Carlos Valdés Palacios (firma y arraigo nacional), Catalina Urrutia Searle y Valeria Bancalari Palma (ambas con arresto domiciliario nocturno).