Con la idea de hacer un “reconocimiento efectivo del derecho social a la educación” y “terminar con situaciones de abuso e indefensión de deudores educacionales”, comenzó a tramitarse en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados el proyecto que ya fue revisado por el Senado acerca de la situación de mora, deuda y ahogo financiero de quienes fueron beneficiados en su momento con el Crédito con Aval del Estado, CAE.
La iniciativa, proveniente de la cámara alta, busca interpretar la Ley sobre protección de derechos de los consumidores con el fin de permitir su aplicación a los contratos de créditos para financiar estudios de educación superior.
Junto a aquello, modifica las normas que regulan los créditos universitarios -leyes 19.287 y 20.027- con el objetivo de terminar con condiciones que permiten situaciones de indefensión de los estudiantes; incluyendo en esto a la llamada Ley de quiebra de las personas.
Durante su tramitación en la Comisión de Educación, el diputado y presidente de la instancia, Juan Santana (PS), presentó una indicación a la propuesta. En esta se recogía el sentido del proyecto de su autoría, que permite la suspensión temporal del pago por enfermedades de alto costo.
La modificación, aprobada en la instancia, considera que el afectado sea la o el deudor, su cónyuge o conviviente civil o de un familiar en primer grado de consanguinidad.
En la sesión participó la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, quien valoró el respaldo a la iniciativa en discusión. En su intervención, señaló que el proyecto avanza en el compromiso del Gobierno de condonar las deudas educativas y proponer un nuevo sistema de financiamiento.
