Ley de Usurpaciones: qué es la "legítima defensa privilegiada" que motivará el veto presidencial

Esta semana la Sala del Senado aprobó, con 35 votos a favor y seis abstenciones, el proyecto de ley que sanciona las ocupaciones ilegales de inmuebles, más conocida como la “Ley de Usurpaciones”.

A grandes rasgos, dicha normativa establece penas más duras al delito de usurpación de propiedades, modificando el Código Penal para castigar con privación de libertad y facilitar la detención de los y las responsables.

Sin embargo, el Gobierno, por medio de la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que se presentará un veto presidencial por la arista de la “legítima defensa privilegiada”.

¿Qué es la legítima defensa privilegiada?

En detalle, la legítima defensa privilegiada apunta a que la recuperación de los inmuebles podría ser “por mano propia” y a través de cualquier medio, haciendo uso de cualquier tipo de violencia. Además, se permite defender a terceros e, incluso, contratar a un grupo de personas para ello.

En ese contexto, la ministra Tohá habló de “salvajismo” y afirmó que no permitirán avanzar con el proyecto si se mantiene dicha indicación. “El Ejecutivo está de acuerdo en endurecer las penas, pero no es lo mismo saltarse una reja que amenazar a alguien con una pistola; no está de acuerdo con que se arme un lote de gente con palos o armas a hacer justicia por sus propias manos”, dijo en su intervención durante el debate legislativo.

Asimismo, añadió que “así como está esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo, porque nuestro Gobierno es responsable”.