El Segundo Juzgado Civil de Concepción acogió la demanda de perjuicios y condenó al fisco a pagar una indemnización total de $300 millones de pesos por concepto de daño moral, a los padres y hermanos del joven que desapareció en marzo de 2005 y cuyo cuerpo estuvo por más de tres años sin poder ser identificado en el Servicio Médico Legal penquista.
En el fallo el magistrado Adolfo Depolo estableció la falta de servicio del Ministerio Público y del Servicio Médico Legal, por no haber realizado las diligencias que habrían permitido identificar el cuerpo del joven desaparecido y que fue encontrado en abril de 2015, como quedó establecido en la sentencia.
“Así, habiéndose otorgado de manera voluntaria, muestras biológicas por la familia Mardoff Peirano, el año 2005 (previo a la creación del sistema nacional de Registros de ADN), con el fin de facilitar el cotejo ante un eventual hallazgo de evidencia, es posible concluir que el actuar del Servicio Médico Legal de Concepción ha sido omisivo, negligente y erróneo, toda vez que, tan pronto se creó el Registro de ADN de Familiares de Desaparecidos en el año 2008, debieron haber al menos contactado a la familia, con el fin de recopilar nuevas muestras biológicas y tenerlas a su disposición ante un eventual hallazgo con el fin de efectuar el cotejo y una identificación expedita del cuerpo”, sostiene el fallo.
En definitiva, el tribunal sentenció al pago al Fisco de Chile a la suma total de los $300 millones de pesos desglosados de la siguiente manera: $100 millones de pesos a don Sergio Mardoff Silva por concepto de indemnización por daño moral; $100 millones de pesos a doña Edda Peirano Jofré por concepto de indemnización por daño moral; $50 millones de pesos a doña Edda Mardoff Peirano por concepto de indemnización por daño moral; y $50 millones de pesos a doña Paola Mardoff Peirano, por concepto de indemnización por daño moral; con los reajustes e intereses señalados en el motivo trigésimo primero de esta sentencia.
Hay que mencionar que se trata de un fallo de primera instancia y que es altamente probable que el Consejo de Defensa del Estado recurra de él ante la Corte de Apelaciones de Concepción, algo que también podría hacer la familia. Recordemos que este fue uno de los casos que se invocaron ante la Corte Suprema cuando meses atrás se intentó lograr la destitución de la fiscal regional Marcela Cartagena debido a los “errores” en casos como el de la muerte del menor Tomás Bravo* y el del propio Sergio Mardoff.