Una nueva denuncia de usurpación de una zona dispuesta para la protección contra incendios se registró, esta vez, en la comuna de Lebu. Se trata de 58 casa construidas de manera ilegal en una franja de terreno de 3 kilómetros en el predio forestal “Trancalco”, de propiedad de la empresa Arauco. La zona en cuestión, de aproximadamente 13,17 hectáreas, corresponde a un cortafuego, una franja de tierra libre de vegetación cuyo propósito es prevenir la propagación de las llamas.
Además del carácter ilícito de la ocupación, esta situación representa un grave peligro tanto para quienes se han asentado en el lugar como para la comunidad en general, ya que impide el correcto funcionamiento del cortafuego. En caso de incendio, la ausencia de esta barrera natural aumentaría el riesgo de propagación descontrolada de las llamas, poniendo en peligro viviendas, infraestructura y ecosistemas cercanos.
De acuerdo con la normativa vigente, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) exige la implementación de cortafuegos dentro de los planes de manejo forestal como medida de protección ambiental. Sin embargo, en este caso, se han levantado construcciones de material ligero en el área destinada a este fin, configurando el delito de usurpación no violenta, tipificado en el artículo 458 del Código Penal.
El Delegado Presidencial Provincial de Arauco, Humberto Toro, manifestó que “este tipo de acciones aumenta el riesgo de afectación a familias y sus viviendas, ya que no permite cumplir el objetivo preventivo de los cortafuegos”.
Por su parte, el subgerente de protección de incendios de la empresa Arauco, Ramón Figueroa, sostuvo que “la infraestructura que las empresas forestales crean para proteger a la población de los incendios, es vulnerada y transformada en tomas ilegales. Necesitamos que la autoridad actúe de manera rápida y se aplique todo el peso de la ley a esta gente que está cometiendo este delito”.
ESCALADA DE DELITOS
En los últimos días, el predio “Trancalco” ha sido escenario de una serie de delitos que han puesto en riesgo tanto la seguridad de la zona como el combate contra incendios. El hecho más grave ocurrió el 1 de febrero de 2025, cuando un helicóptero forestal que participaba en la extinción de un incendio fue atacado. Ese mismo día, se registró la sustracción ilegal de madera, ataques con piedras a vehículos en marcha y un incendio, según informaron las autoridades policiales.
Solo un día antes, el 31 de enero, se denunció otro caso de robo de madera en el sector. Estos hechos se suman a una seguidilla de delitos previos que incluyen incendios intencionales, amenazas de muerte y reiteradas sustracciones de madera desde marzo de 2024 en adelante.
La reiteración de estos ilícitos y su progresiva violencia generan preocupación entre las autoridades y la comunidad, especialmente considerando que afectan áreas críticas para la prevención de incendios forestales. Se espera que las investigaciones en curso permitan identificar y sancionar a los responsables de estos ataques que, además de su impacto económico, ponen en peligro la seguridad de la población y el medioambiente.
