A segundo trámite avanzó el proyecto que busca dotar a los gobiernos regionales de funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito.
La propuesta, en concreto y según lo explicado por la Cámara de Diputadas y Diputados, incorpora a los Gores la función general de “diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito”.
Dichas acciones, sin embargo, deberán ser coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública y las directrices del Ministerio encargado de la Seguridad Pública, pese a que estos organismos son electos democráticamente.
Así, los Gores podrán financiar proyectos que tengan por finalidad dotar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de equipamiento o infraestructura para el apoyo de sus labores. Para esto y otras iniciativas, podrán celebrar convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado. Igualmente, deberán mantener una coordinación permanente con la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), que proveerá colaboración y asesoría técnica, se informó desde el Congreso.
La iniciativa fue respaldada con 113 votos a favor, 16 en contra y 6 abstenciones. De acuerdo a la Cámara, el trámite conllevó cuestionamientos a los alcances de la propuesta desde la oposición, puesto que se criticó que habrá duplicidad de funciones, por ejemplo, con el delegado presidencial y con los futuro seremis de Seguridad Pública.