Tras un extenso proceso de revisión, la Contraloría General de la República notificó la toma de razón del reglamento de la Ley N.º 21.553, conocida como Ley Uber. Esta aprobación marca un hito clave para la implementación de la normativa, que regulará a las empresas de aplicaciones de transporte (EAT) en Chile.
Aunque la ley fue aprobada por el Congreso en 2023, su reglamento enfrentó dos intentos fallidos de validación en Contraloría, instancia en la que fue retirado por el Ministerio de Transportes para hacer ajustes. Ahora, solo resta que se publique en el Diario Oficial, tras lo cual entrará en vigencia en un plazo de 30 días.
Pero, ¿qué establece la Ley Uber?
A continuación, te entregamos los principales puntos de la nueva normativa, con foco en su impacto para conductores y pasajeros:
1. Registro obligatorio:
Las EAT deberán inscribirse en un registro electrónico administrado por la Subsecretaría de Transportes, que será público y regionalizado. También deberán registrar a sus representantes legales y conductores. Estos últimos solo podrán operar en las regiones donde estén inscritos, salvo que la ruta termine en su región de origen.
El plazo para inscribirse será de 6 meses, tras lo cual se suspenderán nuevas inscripciones por 18 meses, excepto para reemplazos.
2. Información y transparencia:
Las empresas deberán informar quiénes son sus conductores activos y dar de baja a quienes ya no operen, salvo que trabajen para otras plataformas.
Cada conductor podrá registrar hasta dos vehículos, siempre que estos estén a nombre de personas naturales.
3. Seguros obligatorios:
Las empresas tendrán que contratar seguros que cubran a vehículos, conductores, pasajeros y terceros, según los montos y condiciones que defina el reglamento.
4. Información al usuario:
Deberán entregar detalles del recorrido propuesto, tiempo estimado y tarifa, algo que ya hacen apps como Uber, Cabify o DiDi, pero que ahora será parte de la regulación.
5. Licencia profesional:
Los conductores deberán contar con una licencia profesional clase A2, aunque habrá una excepción de 12 meses desde la entrada en vigencia de la ley.
6. Antecedentes penales:
Las empresas deberán exigir a sus conductores un certificado de antecedentes actualizado cada 6 meses, que acredite no tener delitos sexuales, relacionados con drogas, conducción en estado de ebriedad, entre otros.
7. Condiciones del vehículo:
Los autos deberán pasar la revisión técnica cada seis meses y cumplir con exigencias mínimas similares a las de los taxis básicos.
8. Tarifa variable para taxis:
La ley permite que los taxis básicos se afilien a plataformas, usando el sistema de cobro de estas en vez del taxímetro, siempre que el pasajero lo acepte. Esta norma no aplica a taxis colectivos.
9. Sanciones por infracciones:
Los conductores que alteren el cobro o se desvíen sin justificación podrían recibir multas de 3 a 10 UTM, y hasta 20 UTM en caso de reincidencia. Las EAT pueden enfrentar sanciones de hasta 200 UTM si incumplen la normativa.
10. Servicios irregulares:
Quienes operen sin estar inscritos serán sancionados con suspensión de licencia por seis meses, multas de hasta 50 UTM, presidio menor, y el vehículo quedará en custodia al menos 15 días. Los pasajeros también podrán ser multados con entre 1 y 3 UTM por usar estos servicios.