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Fraccionamiento pesquero: PC critica presiones y Republicanos recurren a la Constitución

Equipo Digital
Fotografía: Contexto | Raphael Sierra P.
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Los legisladores María Candelaria Acevedo y Matías Ramírez Pascal, miembros de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, valoraron la votación transversal que tuvo el proyecto de fraccionamiento en su tercer trámite legislativo, pero llamaron a los industriales a dejar atrás las presiones ejercidas a lo largo de la discusión.

“Hoy se da el primer paso para dejar atrás el legado de corrupción de la Ley Longueira, pero todavía quedan instancias que son sumamente necesarias”, señaló el diputado Matías Ramírez en relación a la votación de la ley de fraccionamiento pesquero.

En tanto, la diputada comunista María Candelaria Acevedo, manifestó que “la actual discusión, en donde se ha puesto de manifiesto la inequidad que dejó la corrupta Ley Longueira, ha despertado pasiones y ha desenmascarado a más de uno, cuyas intenciones son las de perpetuar la estela de abusos que por más de 10 años han soportado quienes trabajan en la pesca artesanal”.

Sobre los porcentajes a dividir, la legisladora de la Región del Biobío se detuvo en la merluza común y le pidió al Ejecutivo que en la comisión mixta se “reponga el 70-30 en beneficio de los artesanales, pero con la indicación que ese porcentaje en la región del Biobío sea de 50-50, resguardando así la estabilidad laboral de quienes trabajan en la única planta que procesa merluza común en la región, empresa que por lo demás cuenta con una alta presencia de mujeres en sus filas”.

También, según el comunicado público, hizo hincapié en el mecanismo de subastas, clarificando que permitiría desarrollar la plataforma social para los pescadores artesanales, asegurando así las pensiones de quienes trabajan en este sector. “Sin ir más lejos, los pescadores del Bruma hoy no están cubiertos y dejan a sus familias en la indefensión, por lo tanto, es necesario reponer este mecanismo”, indicó.

Finalmente, la diputada Acevedo reiteró el llamado a la industria para que dejen el discurso del terror basado en anuncios de cierres y despidos, los que no se ajustan a las proyecciones reales.

Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Republicano, diputado Cristián Araya, realizó una reserva de constitucionalidad durante la votación de las modificaciones del Senado al proyecto de ley sobre el nuevo fraccionamiento pesquero. Si bien reconoció que estas enmiendas mejoran un mal proyecto originalmente despachado por la Cámara de Diputados, advirtió que “se mantiene un vicio constitucional de fondo que vulnera derechos fundamentales”.

Además, indicó que “los titulares de licencias industriales transatlánticas renunciaron a sus antiguas autorizaciones como parte de un proceso regulado por la ley 20.657, incorporando así sus nuevos derechos al patrimonio, no puede el legislador, así como así, alterar las condiciones fundamentales de ese acuerdo, generando incertidumbre jurídica y debilitando la seriedad institucional del país”, advirtió.

Araya afirmó que “esta forma de legislar abre la puerta para futuras ofensivas contra otros derechos adquiridos, mañana los vociferantes que hoy alzan la voz van a ocupar el mismo argumento para ir en contra de los derechos de aprovechamiento de aguas, de las concesiones mineras, y quién sabe qué más”, advirtió el diputado.