Con 139 votos a favor, la Sala de la Cámara aprobó el proyecto que faculta a los municipios para el retiro de cables aéreos en desuso. Con su despacho al Senado, la moción queda a pocos pasos para convertirse en ley. Esta iniciativa modifica la Ley general de Telecomunicaciones para disponer que los municipios podrán retirar, trasladar y ordenar estos elementos.
Pero, ¿quién debe hacerse cargo de este retiro y de los costos que supone?
Según la discusión parlamentaria, esta atribución fue eliminada en la Ley N°21.678 y con la modificación, esta atribución podría volver a los municipios. La ley que faculta a los municipios a regular esta problemática es la Ley N°21.172 y fue aprobada en agosto de 2019, sin embargo no tiene un reglamento, siendo éste un punto importante dentro del debate en la Cámara.
Lo que estipula la recién nombrada ley, es que “las concesionarias y permisionarias que cuenten con líneas aéreas y subterráneas de servicios de telecomunicaciones, serán las responsables de su adecuada instalación, identificación, modificación, mantención, traslado y retiro”. Sin embargo, sin un reglamento esto no se ha llevado a cabo desde su promulgación desde hace 6 años aproximadamente.
Lo que define la actual discusión, es restituir la facultad a los municipios para retirar los cables en desuso y cobrar los costos a las empresas responsables, con una devolución posterior.
Pero, ¿quién paga el costo del retiro?
Según el documento oficial en discusión, las empresas concesionarias o permisionarias serán las responsables; no los municipios ni los vecinos. Los municipios solo ejecutarían el retiro si la empresa no lo hace dentro de un plazo establecido, y luego exigen el reembolso.
El documento estipula que si, en el momento del retiro del cableado en desuso, se afecta algún servicio de telecomunicaciones, la municipalidad no será responsable de esas fallas, pero sí las empresas que no hicieron antes el retiro.
En definitiva, el proyecto que acaba de pasar al Senado, busca restaurar la facultad de los municipios para retirar cables en desuso, a costo de las empresas concesionarias o permisionarias de telecomunicaciones, en caso de que estas no lo hagan dentro del plazo correspondiente.
La acumulación de “chatarra aérea” representa, según los parlamentarios, un riesgo para la seguridad pública, especialmente durante emergencias climáticas como los recientes temporales, situación que ha motivado esta iniciativa.