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Adiós a privilegios automáticos: proponen que ex mandatarios esperen edad legal para recibir pensión

Equipo Digital
Fotografía: Gobierno de Chile
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Recientemente, en la Cámara de Diputadas y Diputados, se presentó un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el actual régimen de pensiones vitalicias para los ex presidentes de la República. Según el documento oficial, la iniciativa propone que la dieta presidencial solo pueda ser percibida una vez alcanzada la edad legal de jubilación y bajo ciertas condiciones.

Recordemos que quienes han ejercido la primera magistratura reciben una asignación vitalicia tras dejar el cargo, independiente de su edad o de si continúan desempeñando funciones remuneradas. En vistas de lo que afirma el proyecto, “este beneficio resulta desproporcionado en comparación con las pensiones que recibe la mayoría de los chilenos, y plantea una contradicción con los principios de igualdad ante la ley consagrados en la Constitución”.

Principales cambios propuestos

La reforma plantea modificar el artículo 30 de la Constitución para establecer que solo podrán acceder a la pensión vitalicia quienes:

  • Hayan cumplido 60 años en el caso de las mujeres y 65 en el caso de los hombres.
  • No hayan asumido la presidencia por vacancia del cargo.
  • No hayan sido condenados en un juicio político.
  • No estén desempeñando funciones públicas remuneradas, salvo en el ámbito docente.

Asimismo, la dieta a la que podrían acceder sería equivalente a la establecida en el artículo 62 de la Constitución, excluyendo asignaciones adicionales.

Equidad y reconocimiento

Según los argumentos del reciente proyecto, se busca mantener el espíritu de reconocimiento hacia quienes han ejercido la jefatura de Estado, pero ajustándolo a “una realidad social más justa y equitativa, en un país donde las pensiones mínimas aún están lejos de garantizar una vejez digna para la mayoría”.

De aprobarse, esta reforma significaría un cambio profundo en la forma en que el Estado chileno reconoce a sus ex mandatarios, marcando un nuevo estándar de responsabilidad y equidad en el contexto de las recientes discusiones respecto del uso de los recursos públicos.

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