Esta jornada, sostenedores del Colegio Instituto San Pedro acompañados del consejero Regional Javier Guíñez, llegaron hasta la Contraloría para entregar los antecedentes que acreditarían el desvío de recursos fiscales. El monto de lo defraudado bordearía los $1.500 millones.
Los actuales administradores acusan a los exsostenedores de malversar platas destinadas al establecimiento entre el 2014-2018. Estos antecedentes ya se encontraban en manos de la Fiscalía desde mayo del año pasado.
La iniciativa busca que se investigue a quienes demandaron al Colegio por un juicio de arriendo, donde Tribunales habría fallado en su favor decretando el desalojo. Esta situación tiene preocupada a la comunidad escolar.
El embargo se encuentra con orden de no innovar, tras un recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones de Concepción.
