Hace algunos días, el Senado encargó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento un informe que aborde el mecanismo para inhabilitar al Presidente de la República, Sebastián Piñera por impedimento físico o mental. El que debería estar listo en cerca de treinta días.
La instancia que no cuenta con precedentes en Chile, se sostendría en el “comportamiento errático” del mandatario para enfrentar el estallido social que se arrastra desde el 18 de octubre.
Además, se ampara en el Artículo 53, numeral 7 de la Constitución, que indica que el Senado tiene la atribución de “declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo, cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones”.
Se busca que este informe interprete las acciones que deben tomar para declarar incapacidad física o mental de la máxima autoridad, quién lo puede solicitar, cómo se debe proceder, qué médicos deberían intervenir o con qué quórum debería aplicarlo la Sala.
Desde el oficialismo criticaron la medida, solicitada por el partido Federación Regionalista Verde Social (FRES), ya que sostienen que es una falta de respeto y que el presidente Piñera debe terminar su mandato de forma normal.
La crítica se da a pesar de que la solicitud se acoge a lo que determina la actual Constitución, estipulada como democrática.
