Tras la iniciativa impulsada por más de cien municipios para la venta del “gas a precio justo“, la Contraloría General de la República anunció que es inconstitucional la venta del combustible por dichas entidades.
Ante la resolución, las autoridades se reunieron para buscar alternativas que les permitan ser distribuidores minoristas del gas licuado en las municipalidades, como la creación de una Ley corta.