Tras la emisión de un oficio en donde se obliga a las isapres a pagar licencias medicas por COVID-19, desde la Superintendencia de Salud aseguraron que se fiscalizará, con el objetivo de evitar que las aseguradoras utilicen vacíos legales para rechazar los docuementos.
El superintendente, Patricio Fernández, indicó a Diario Financiero que “una vez que nos llegó el reporte de datos de la Superintendencia de Seguridad Social sobre el comportamiento del sistema, nos pareció importante resolver esa situación. No puede pasar que estén rechazando estas licencias dándole la carga al afiliado en circunstancias de que estamos en una situación de pandemia”.
La autoridad sanitaria estableció un plazo de máximo de tres días hábiles para que las isapres hagan el catastro que fue solicitado, respecto a los casos rechazados, o cuyos plazos fueron reducidos. Además, deben informar a los afiliados del cumplimiento de esta disposición en un lapso de cinco días.